Sindicatos denuncian falta de garantías en la nueva organización de las sedes judiciales
La Junta de Personal advierte sobre deficiencias y anuncia movilizaciones en contra del proceso impuesto por la Consejería de Justicia
La Junta de Personal ha manifestado que no se cumplen las circunstancias necesarias para que la nueva organización de las sedes judiciales se lleve a cabo con plenas garantías. Los sindicatos denuncian que esta situación puede perjudicar a la ciudadanía, basándose en la experiencia de las dos fases previas, que evidenciaron una entrada en funcionamiento desorganizada y con graves deficiencias en las aplicaciones informáticas y medios materiales.
Las organizaciones sindicales aseguran que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) se ha impuesto mediante una pseudo“negociación” con la Consejería de Justicia, calificada por ellos como una “pantomima”. Además, señalan la ausencia de medios imprescindibles para que la transición prevista para el 31 de diciembre de 2025 sea viable, como la implementación del expediente digital en todas las jurisdicciones y sistemas de gestión procesal adaptados a la nueva organización.
Los sindicatos resaltan deficiencias informáticas que afectan a miles de expedientes judiciales, lo que podría traducirse en demoras mayores en los señalamientos de vistas y juicios. Por ello, piden un análisis previo de las disfunciones detectadas en los tribunales ya implantados y, de ser necesario, adoptar medidas antes de implantar los Tribunales de Instancia en Granada y Motril.
Asimismo, alertan de la pérdida de más del 80% de centros de trabajo, reduciendo la posibilidad de cambio de destino y la especialización del personal. Critican que la Consejería de Justicia ha impuesto un diseño de Oficinas Judiciales que afectan negativamente las condiciones laborales, negándose a establecer equipos subdivididos en áreas de servicios comunes, y creando solo áreas grandes con más de 50 personas.
Ante esta situación, la Junta de Personal ha realizado una concentración de protesta que podría ser el inicio de más movilizaciones para exigir condiciones justas en la organización judicial.
El sindicato señala que la provincia destaca por una alta tasa de asesinatos machistas y denuncia insuficiencias en la protección institucional
El plan incluye formación, protocolo contra el acoso y permisos retribuidos para personas en proceso de transición









