Sindicatos se movilizan en Granada contra recortes en educación compensatoria

Las organizaciones sindicales CSIF, ANPE, CCOO y UGT, presentes en la Mesa Sectorial de Educación de Andalucía, se han movilizado hoy en defensa del mantenimiento de los recursos destinados a los centros de educación compensatoria, que atiende al alumnado más vulnerable, y del derecho legítimo a la movilidad del profesorado, y para denunciar que la Consejería pretende imponer un modelo que bloquea miles de plazas de docentes y que reduce la dotación económica para la educación compensatoria. La red de compensatoria ha sido durante décadas una herramienta clave para garantizar la igualdad de oportunidades y cualquier modificación normativa debe reforzarla y ampliarla, nunca sustituirla o debilitarla. En Granada, la movilización se ha celebrado frente a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, en la Gran Vía.

Las movilizaciones convocadas hoy frente a las Delegaciones Territoriales de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en las ocho provincias andaluzas responden al rechazo unánime de las organizaciones al Decreto de Zonas de Transformación Social (ZTS) que la Consejería mantiene en tramitación y que, tal como está planteado, afecta gravemente a los derechos laborales del profesorado y, además, no garantiza la dotación de recursos que estos centros tienen en la actualidad.

Los sindicatos han denunciado que la Administración ha adoptado, de forma unilateral, una medida por la que la Consejería posibilita que, en los centros ZTS de difícil desempeño, la cobertura en comisión de servicios de puestos del equipo directivo pueda conllevar el bloqueo de miles de plazas docentes cada curso en los procedimientos de colocación. Asimismo, critican que esta medida carece de la suficiente transparencia para determinar qué centros podrían acogerse a ella, puesto que no se hacen públicos los centros afectados, así como tampoco se cuantifican ni se facilitan datos objetivos a la parte social que permitan verificar qué centros cumplen realmente los criterios establecidos por la Administración. Esta ausencia de transparencia elimina cualquier mecanismo de control y abre la puerta a decisiones discrecionales.

Además, el texto supone un claro retroceso respecto al modelo actual de compensatoria, ya que no asegura financiación estable con fondos propios de la Junta de Andalucía, dado que la ejecución de gran parte de las medidas que se tienen previstas, se sustentan en fondos europeos, cuya vigencia es hasta 2027.

CSIF, ANPE, CCOO y UGT han subrayado que mejorar la calidad educativa del alumnado más vulnerable es un objetivo irrenunciable, pero han advertido de que los recortes de recursos y las limitaciones a la movilidad del profesorado no contribuyen a ese fin y, además, lesionan derechos básicos como la conciliación familiar y laboral. Asimismo, recuerdan que cualquier medida sobre provisión de puestos y organización interna debe ajustarse estrictamente a los principios de objetividad, transparencia y publicidad.