Vecinos de Ribera del Genil continúan su su lucha en los tribunales contra el bloque que les dejaría "emparedados"
El proceso, que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Granada, se encuentra en la fase de práctica de prueba
Los vecinos de Ribera del Genil prosiguen su lucha en los tribunales contra la construcción de un bloque de 15 viviendas que, según sostienen, les dejaría "emparedados" dada la cercanía entre ambas edificaciones y el próximo miércoles tratarán de demostrar ante el Juzgado con distintos informes que la licencia concedida para esta promoción, que actualmente está paralizada como medida cautelar, "no se ajusta a derecho".
El proceso, que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Granada, se encuentra en la fase de práctica de prueba tras la demanda que presentaron en su día los vecinos y el próximo 29 de noviembre las partes aportarán diferentes pruebas testificales, y sobre todo periciales, que en el caso de los afectados van dirigidas a evitar que el proyecto se ejecute.
Los vecinos aportarán así varias periciales de peritos arquitectos sobre los supuestos "incumplimientos de la construcción que se pretende ejecutar en este lugar", en una zona que antes era de dominio público y destinada a ensanches al tener enfrente el río Genil. Mantienen que la ejecución de este bloque a tan poca distancia del suyo mermará las condiciones de habitabilidad de sus viviendas, pues les restaría iluminación y ventilación, y conllevaría un incumplimiento de la normativa en este ámbito, según han detallado a Europa Press desde el despacho de abogados Juan Barcelona, que representa a los afectados en este proceso.
La promotora y el Ayuntamiento de Granada también aportarán sus informes y testigos, incluyendo al perito técnico municipal que informó favorablemente la licencia.
El edificio de Callejón Arenas 7 fue ejecutado a final de la década de los sesenta, junto al paseo del Río Genil, y consta de 47 viviendas de protección oficial distribuidas en cinco plantas. Una de sus fachadas da al río y durante más de medio siglo el espacio que existe junto al bloque fue considerado propiedad de los vecinos.
En 2001, se produjo un cambio con la aprobación del nuevo PGOU de Granada por el que este suelo dejó de ser no edificable y se calificó como residencial plurifamiliar con posibilidad de ejecutar hasta seis plantas. En 2012 el Estado obtuvo en los tribunales el reconocimiento como propietario del terreno y, ya en 2017, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas incluyó la finca en una subasta pública en la que se adjudicó a una empresa por 2,1 millones, la cual solicitó la licencia para la construcción de un edificio plurifamiliar de 15 viviendas y dos locales con trasteros y garajes cuya legalidad se ha puesto en cuestión en este proceso judicial.
Argumenta que la valoración de las pruebas corresponde al jurado, pero la calificación de los hechos es del magistrado
La Fiscalía ha pedido penas de tres años de prisión, multas de 3.600 euros y seis años de pérdida de posibilidad de percibir subvenciones
