La pieza del 'caso Nazarí' sobre Ciudad de la Luz vuelve a la Audiencia de Granada
El procedimiento sentará en el banquillo a la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto y otros tres exaltos cargos por la presunta concesión irregular de la licencia de primera ocupación
Un juzgado de lo Penal ha acordado remitir nuevamente a la Audiencia Provincial de Granada la pieza separada del 'caso Nazarí' relacionada con el residencial Ciudad de la Luz, meses después de que el propio tribunal provincial se declarara incompetente para juzgar este procedimiento.
La causa, cuya apertura de juicio oral se produjo hace más de un año, investiga la presunta concesión irregular en 2012 de la licencia de primera ocupación de un residencial formado por 300 viviendas en la calle Pedro Machuca. En el banquillo se sentarán la exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada Isabel Nieto (PP) y otros tres exaltos cargos del área.
En un reciente auto, el titular de la plaza número 3 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Granada señala que la Fiscalía califica provisionalmente los hechos como constitutivos de un delito de prevaricación urbanística. El Ministerio Público solicita para cada acusado dos años de prisión y nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.
El magistrado considera que la pena de inhabilitación solicitada excede de su competencia y que corresponde a la Audiencia Provincial enjuiciar el asunto, motivo por el que ha acordado remitirle nuevamente la causa.
La Fiscalía sostiene que se buscó "beneficiar" al promotor
La fiscal del caso, Sara Muñoz-Cobo García, mantiene en su escrito de acusación que los cuatro acusados actuaron "puestos de común acuerdo" y "con la finalidad de beneficiar al promotor" cuando acordaron conceder la licencia de primera ocupación del residencial promovido a través de Casería de San Jerónimo S.L.
Según la tesis de la Fiscalía, la licencia se concedió "con vulneración de la legalidad urbanística", alegando "razones de interés público inexistentes" y pese a que las obras de urbanización no estaban finalizadas. El Ministerio Público sostiene igualmente que se actuó contra los criterios recogidos en anteriores informes técnicos y sin contar con el "preceptivo informe jurídico".
La acusación pública señala además que supuestamente no se disponía de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir respecto al desvío del Barranco San Jerónimo, lo que, según la Fiscalía, habría supuesto contravenir "de forma muy grave la legalidad".
Problemas en la urbanización
El escrito de acusación sostiene que la puesta en servicio quedó limitada a las manzanas ocupadas por las 300 viviendas y una estación de servicio, existiendo actualmente una "carencia de equipamientos y dotaciones al no haberse ejecutado el planeamiento" previsto.
La Fiscalía relaciona además el "estancamiento" de la urbanización del PP-N2 con diversos problemas para los residentes de Ciudad de la Luz, entre ellos cuestiones de salubridad en el entorno y la ausencia de determinados servicios públicos, como la limpieza viaria o la recogida de residuos, debido a que la urbanización no habría sido recepcionada por el Ayuntamiento.
El Ministerio Público considera como responsables civiles al promotor presuntamente beneficiado, J.J. Romero, y a dos de sus sociedades, además de situar al Ayuntamiento de Granada como responsable civil subsidiario. Solicita que el promotor y sus mercantiles afronten los gastos de urbanización pendientes, tanto los correspondientes a nuevas actuaciones como los necesarios para reparar las ya existentes.
La jueza procesa a cinco acusados por presunta corrupción en el expediente del pabellón Mulhacén y fija una fianza de cinco millones
Fiscalía pide dos años de prisión para la exconcejal Isabel Nieto y otros tres ex altos cargos por presunta prevaricación urbanística
