Arranca la declaración de testigos en el 'caso audioguías' con funcionarios de la Alhambra
Las primeras en declarar han sido dos funcionarias vinculadas al monumento
entre ellos esta testigo, que tuvo conocimiento de dos reconocimientos de deuda.
Uno de ellos fue a través del expediente con el visto bueno del gabinete jurídico de la Junta, y de las facturas "endosadas" que llegaron a través del banco por parte de la empresa. El segundo lo conoció ya en el marco de la investigación policial que se abrió por los hechos.
También ha mostrado su disconformidad con que se siguiera un procedimiento similar con las tiendas de la Alhambra, y que, en julio de 2015, supo por el servicio de limpieza que se había multiplicado "por cinco o seis" el número de bolsas de basura con documentos triturados, si bien, a preguntas de la defensa de la secretaria general, ha reconocido que nunca presenció ningún pacto "ilícito" entre ella y la empresa.
Este pasado martes, el empresario negó todos los extremos de lo que se le acusan. En esa segunda sesión del juicio se cerró la ronda de declaraciones de los acusados con el que fuera jefe de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos de la Alhambra en dos momentos distintos, al que solo acusa la Junta de Andalucía, que está personada en el proceso como parte perjudicada y pide cárcel e inhabilitación para él.
A juicio del fiscal, tanto la directora de la Alhambra como la secretaria general del monumento en aquel momento presuntamente "permitieron" estas prácticas "perjudicando seriamente los intereses del Patronato" y "no llevaron a cabo actuación alguna para poner fin a esta situación permitiendo durante todo el periodo de desarrollo del contrato la declaración de cifras de alquileres inferiores a las reales" por la empresa.
Por su parte, Villafranca declaró el lunes, en el inicio del juicio, que no participó en la contratación del servicio de audioguías, que no pretendió "en absoluto" beneficiar a la empresa ni tuvo sospecha de gestiones contrarias a la legalidad, pues de hecho siempre actuó "guiada por el interés público".
El contrato para el servicio de audioguías de la Alhambra se firmó en octubre en 2007 con la empresa Stendhal Museum Solutions --cuyo administrador único es el empresario acusado-- pero Villafranca declaró que no fue hasta finales de 2010 cuando tuvo conocimiento de los impagos de la empresa al monumento respecto al canon fijado en los pliegos, que alcanzaban una deuda de unos 600.000 euros.
Antes del inicio del juicio la acusación popular ejercida por el PP, que había pedido cárcel para tres de los acusados, formalizó su retirada del procedimiento por entender que en la causa ya se encargan de acusar la Fiscalía, el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía.
Sí lo hará la Junta de Andalucía, que ha ejercido la acusación particular en este proceso
El letrado de la Junta de Andalucía alude, como posibles vías del recurso, a una vulneración de la tutela judicial efectiva
