La Audiencia confirma el procesamiento de la exconcejal Isabel Nieto en el ‘caso Nazarí’
El tribunal aprecia indicios de una posible “confabulación” entre responsables de Urbanismo y un promotor para modificar una concesión administrativa en perjuicio del Ayuntamiento.
La Audiencia Provincial de Granada ha confirmado la decisión de la jueza instructora del denominado ‘caso Nazarí’ de procesar a la exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada Isabel Nieto (PP), a cinco exaltos cargos del área y a un promotor inmobiliario por la pieza separada conocida como ‘expediente Mulhacén’, vinculada al pabellón deportivo del mismo nombre situado en el barrio del Zaidín.
En un auto dictado a principios de marzo, la Sección Primera de la Audiencia ha desestimado el recurso presentado por cuatro de los investigadosl —entre ellos la propia Nieto— contra el auto de procedimiento abreviado emitido en 2024, dejándolos a las puertas del juicio oral. La resolución, contra la que no cabe recurso, considera que existen indicios suficientes para continuar el proceso penal.
El expediente investigado se centra en la presunta alteración fraudulenta de una concesión administrativa sobre una parcela municipal situada en la zona de Torre de la Pólvora, destinada inicialmente a uso deportivo y adjudicada en febrero de 2007 al promotor investigado.
Según el tribunal, existen indicios de “una suerte de confabulación” entre el empresario y responsables de la Concejalía de Urbanismo —“con la concejal a la cabeza”— para dictar resoluciones administrativas que habrían permitido, presuntamente de forma arbitraria e ilegal, la concesión de licencias de obras y de ocupación, así como la aprobación de estudios de detalle que modificaron las condiciones iniciales de la concesión.
Estas modificaciones, sostiene la Audiencia, habrían supuesto un beneficio para el promotor en detrimento de los intereses del Ayuntamiento de Granada. El tribunal también descarta que el asunto deba resolverse únicamente en la vía administrativa, al considerar que los hechos investigados podrían constituir delitos.
Penas solicitadas por la Fiscalía
La Fiscalía solicita penas de entre dos y tres años de prisión para tres de los acusados: la exconcejal Isabel Nieto, el que fuera coordinador del área de Urbanismo y Obras y el promotor implicado, por presuntos delitos de prevaricación y fraude en la contratación.
Según el escrito de acusación, el pliego del concurso obligaba al adjudicatario a construir en la parcela un pabellón deportivo con capacidad para 2.000 espectadores, además de instalaciones deportivas complementarias como pistas de tenis o pádel, una zona comercial y un aparcamiento subterráneo.
El contrato establecía un canon mínimo valorado en 6,1 millones de euros y un canon concesional de 1.000 euros anuales, además de la obligación de que todas las instalaciones revertieran al Ayuntamiento al término de la concesión, fijada en 40 años.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que los acusados, “de común acuerdo” y con ánimo de defraudar al Ayuntamiento, realizaron modificaciones sustanciales del contrato en beneficio exclusivo del promotor. Según el Ministerio Público, estas decisiones desvirtuaron por completo la concesión inicial y permitieron ejecutar el proyecto al margen de lo previsto.
Entre las irregularidades señaladas figura que no se construyeron las pistas deportivas previstas ni las 196 plazas de garaje contempladas en el proyecto original. Además, parte del suelo destinado a equipamientos deportivos habría pasado a albergar restaurantes, alterando el uso inicial de la parcela.
La Fiscalía considera que estas actuaciones provocaron pérdida de suelo público, reducción de servicios previstos para el barrio y privatización de plazas de aparcamiento, además de una presunta parcelación ilegal y un aumento de edificabilidad en favor de los negocios instalados en la zona.
Además de las penas de prisión, el Ministerio Público solicita más de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público y, en el caso del promotor, la prohibición de contratar con el sector público o recibir ayudas públicas.
En materia de responsabilidad civil, la Fiscalía pide la nulidad de diversas licencias y decretos vinculados al proyecto —entre ellos licencias de obras, de ocupación de locales y de uso del pabellón— sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan corresponder.
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