La Fiscalía pide nueve años y medio de cárcel para el presidente de una empresa de gases medicinales por fraude
El Ministerio Público solicita además multas que superan los cinco millones de euros y acusa a otros dos miembros del consejo de administración por delitos contables y contra la Hacienda Pública.
La Fiscalía ha solicitado nueve años y medio de prisión y multas superiores a los cinco millones de euros para el presidente del consejo de administración de una empresa dedicada a la fabricación y suministro de gases medicinales, acusado de defraudar más de un millón de euros a la Hacienda Pública.
El caso llegará a juicio los próximos 23 y 24 de junio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, donde también se sentarán en el banquillo otros dos integrantes del consejo de administración de la mercantil, todos ellos acusados de delitos contables y contra la Hacienda Pública.
Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el principal acusado ejercía como presidente y socio mayoritario de la compañía, mientras que los otros dos procesados formaban parte igualmente del órgano de administración de la empresa.
La investigación se inició a raíz de una inspección tributaria que detectó diversas irregularidades en la contabilidad de la sociedad. Entre ellas, destaca una operación comercial realizada el 12 de julio de 2016 mediante la cual la empresa cedió a otra entidad varios contratos de arrendamiento para el suministro domiciliario de equipos destinados al tratamiento de patologías respiratorias.
La Fiscalía sostiene que, apenas nueve días después de recibir 2,9 millones de euros por dicha operación, el principal acusado dispuso presuntamente de 2,2 millones de euros en efectivo procedentes de la caja de la empresa. Los inspectores tributarios solicitaron explicaciones sobre este movimiento, aunque, según el Ministerio Público, el empresario no aportó una justificación "razonable y coherente" ni presentó documentación que acreditara el destino de esos fondos.
Además, la acusación señala que la empresa realizó varias transferencias bancarias por importe superior a 56.000 euros a una cuenta compartida por el acusado y su esposa bajo el concepto de "devolución de préstamo". Sin embargo, la Fiscalía afirma que no existe documentación que demuestre la existencia de dichos préstamos.
Por estos hechos, el Ministerio Fiscal considera que tanto la disposición en efectivo de los 2,2 millones de euros como la mitad del importe de las transferencias realizadas deben calificarse como ganancias patrimoniales atribuibles al principal acusado.
Las pesquisas han permitido cuantificar en 1.065.780 euros la cuota presuntamente defraudada correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del ejercicio 2016. Asimismo, la Fiscalía sostiene que la empresa dejó de ingresar otros 771.452 euros correspondientes al Impuesto sobre Sociedades de ese mismo año.
Para los otros dos miembros del consejo de administración procesados, el Ministerio Público solicita penas de cuatro años y seis meses de prisión, además de multas cercanas a los dos millones de euros por los mismos delitos contables y contra la Hacienda Pública.
La vista oral permitirá determinar la responsabilidad de los acusados en unos hechos que, según la acusación, ocasionaron un importante perjuicio económico a las arcas públicas.
La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para el agente, cuya denuncia sobre presuntas irregularidades en oposiciones policiales dio origen a la macrocausa que investiga supuestos amaños en distintos municipios
