La víctima del subinspector de la Policía Local de Granada recurre la sentencia por maltrato

La víctima del subinspector de la Policía Local de Granada, condenado a dos años y ocho meses de prisión por maltrato en el ámbito familiar, ha recurrido la sentencia solicitando su nulidad para que se vuelva a celebrar el juicio teniendo en cuenta la perspectiva de género, que considera no se contempló en la primera instancia. Según fuentes del caso consultadas por Europa Press, la víctima, que ejercía la acusación particular en el juicio celebrado en octubre en el Juzgado de lo Penal 5 de Granada, pide que se tengan en cuenta los informes policiales que acreditarían el espionaje de sus datos, así como la posibilidad de volver a juzgar los hechos relativos a la presunta comisión del delito de lesiones sobre la hija mayor de la pareja, conforme al dictamen forense.​

La sentencia señala que desde 2017 la relación con el acusado “se deterioró gravemente, incrementándose las conductas de control, celos y menosprecio” hacia la víctima, con “insultos y expresiones vejatorias” destinadas a “humillarla y menoscabar su autoestima, reprochándole su apariencia, su trabajo y sus logros profesionales”. Además, el subinspector efectuó amenazas verbales como “soy capaz de matar” y mostró “actos de intimidación, manipulación y violencia material dirigidos a mantener un control psicológico sobre la denunciante”. También “mostraba comportamientos agresivos” y “mantenía una actitud despectiva y hostil también hacia sus hijas, no colaborando en las tareas domésticas o familiares”, causando “daño psíquico” a la víctima.​

En 2023, tras la separación, fue hallado en el domicilio familiar un dispositivo electrónico con documentación reservada de la víctima, copia de su terminal móvil, llamadas y correos electrónicos profesionales, y una carpeta de fotografías, aunque no se ha determinado quién introdujo esos archivos. El subinspector fue condenado a dos años de prisión por un delito de violencia física y psíquica habitual, tres años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, y tres años de prohibición de aproximación a menos de 500 metros de la víctima y su hija. Además, fue condenado a ocho meses de prisión por menoscabo psíquico, con un año y ocho meses de prohibición de aproximación.​

La Fiscalía había solicitado casi siete años de cárcel, mientras que la acusación particular elevó su petición a más de 15 años y la defensa interesó la libre absolución. El juicio se celebró a puerta cerrada por afectar a menores, y el subinspector fue detenido tras la primera sesión por un supuesto quebrantamiento de la orden de alejamiento, aunque fue puesto en libertad provisional al día siguiente. Este caso está vinculado a la investigación del denominado caso Viogén, en el que se investiga la presunta revelación de secretos por accesos indebidos al sistema de protección de víctimas de violencia de género.