Les piden 5 años y medio de prisión tras pillarles con 1.200 kilos de hachís en aguas de Granada
Los hechos serán juzgados el próximo 24 de noviembre en la Sección Primera de la Audiencia
La Fiscalía de Granada ha solicitado penas de cinco años y medio de prisión y multas de 6,9 millones de euros para dos hombres que fueron interceptados en noviembre de 2021 en una embarcación de recreo con 1.200 kilos de hachís que pretendían introducir por la Costa de Granada, unos hechos por los que serán juzgados el próximo mes de noviembre en la Audiencia Provincial.
Los acusados fueron interceptados entre las 13,15 y las 14,20 horas del 10 de noviembre por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil frente a la playa de La Rábita-Albuñol tras un aviso del Centro Operativo de Servicios de este cuerpo sobre una embarcación sospechosa de siete metros de eslora que navegaba de forma errática.
Los guardias civiles que tripulaban la embarcación Río Aragón, del Servicio Marítimo Provincial de Motril, fueron al encuentro y comprobaron que en ella viajaban dos individuos de nacionalidad española, vecinos de Adra y de Almería capital, que en ese momento tenían 35 y 36 años, y que debajo de una lona escondían 36 fardos de hachís. Los dos tripulantes fueron detenidos y trasladados junto con la embarcación y la droga hasta el puerto de Motril, tal y como informó en su día la Guardia Civil.
En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía precisa que la embarcación fue interceptada a una milla al sur de La Rábita y que los 1.200 kilos de hachís que llevaba a bordo habrían alcanzado un valor de 2,3 millones de euros en el mercado.
La embarcación era propiedad de uno de los acusados y en el momento de la detención contaban con móviles y sistemas de GPS para guiarse en la navegación. La Fiscalía acusa a los dos procesados, que se encuentran en libertad provisional, de un delito contra la salud pública por el que serán juzgados el próximo 24 de noviembre en la Sección Primera de la Audiencia.
Argumenta que la valoración de las pruebas corresponde al jurado, pero la calificación de los hechos es del magistrado
La Fiscalía ha pedido penas de tres años de prisión, multas de 3.600 euros y seis años de pérdida de posibilidad de percibir subvenciones
