Piden prisión para una administrativa acusada de falsear su experiencia profesional para cobrar más
Está previsto que el caso se juzgue el próximo mes de octubre en la Audiencia de Granada
La Fiscalía ha solicitado una pena de cuatro años y seis meses de prisión para una administrativa en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada acusada de falsear su experiencia profesional para que presuntamente se le reconocieran los trienios trabajados con la "inherente repercusión económica en sus retribuciones" que de ello se podía derivar.
La mujer está acusada de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y, además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita que sea condenada al pago de una multa de 7.200 euros y que se le inhabilite para ocupar el cargo de funcionario público durante cuatro años.
Según consta en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusada ocupaba, como interina vacante, la categoría profesional de administrativa en el Clínico San Cecilio cuando presentó una solicitud de reconocimiento de servicios previos externos.
Desde el organismo competente se le informó de que debía aportar la documentación que acreditara que había trabajado en esas administraciones públicas. No lo hizo y se le volvió a requerir para que subsanara su solicitud con estos documentos.
Meses más tarde, volvió a pedir a Recursos Humanos en un nuevo escrito que se le reconocieran los trienios trabajados pero sin aportar documento alguno.
Según relata la Fiscalía, en medio de este proceso, la acusada presuntamente usó sus claves durante sus horas de trabajo para acceder a la aplicación informática del Departamento de Recursos Humanos del Hospital y validó en su expediente, "sin soporte documental alguno que lo acreditase", un total de diez periodos de servicios prestados como experiencia externa que según el fiscal eran "completamente falsos en tanto que realmente no los había efectuado".
El Ministerio Fiscal mantiene que actuó "siendo plenamente consciente de la ausencia de veracidad" de lo que estaba incluyendo en su expediente, "movida por el deseo de conseguir un reconocimiento de servicios prestados que no casaba con la realidad, con la consiguiente e inherente repercusión económica en sus retribuciones que de ello se le podía derivare".
Está previsto que el caso se juzgue el próximo mes de octubre en la Audiencia de Granada.
Se los acusa por la presunta comisión de un delito de robo con fuerza en las cosas continuado en establecimiento fuera de las horas de apertura
