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La UGR pide reparar a los miembros de la comunidad universitaria represaliados por el franquismo

Las investigaciones han identificado 6 ejecutados y 16 depurados en la universidad y 2 ejecutados y 11 represaliados en centros adscritos

Redacción | 24 de septiembre de 2021

Retrato de Salvador Vila en el Rectorado (UGR)
Retrato de Salvador Vila en el Rectorado (UGR)

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada (UGR) ha aprobado en su reunión de este viernes solicitar la declaración de reparación y reconocimiento personal de los miembros de la comunidad universitaria y de sus centros adscritos que durante la Guerra Civil y el periodo inmediato de dictadura fueron objeto de alguna modalidad de represalia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, con especial mención a aquellas que llegaron a perder la vida por ello.

El acuerdo, aprobado a instancias del Vicerrectorado de Política Institucional y Planificación, recuerda que uno de los fines de la UGR es "la transmisión de los valores superiores de nuestra convivencia" como el espíritu de reconciliación y concordia de nuestra sociedad mediante el fomento de los valores y principios democráticos, entre los que se encuentra "honrar y recuperar la memoria de aquellos miembros" que perdieron "la vida, o padecieron las represalias, injusticias y agravios producidos, por unos u otros motivos políticos o ideológicos".

Según ha informado la UGR en una nota, en consonancia con la declaración prevista en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, se reconoce "el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas" en la Guerra Civil y el franquismo, y "lo hace reprobando dichas actuaciones a la vez que como expresión del derecho de reparación y recuperación moral, personal y profesional" de aquellas personas que "fueron perseguidas o ejecutadas.

El vicerrector de Política Institucional y Planificación de la UGR, Pedro Mercado, ha explicado que "la importancia del acuerdo estriba en que es un pronunciamiento institucional para honrar la memoria de todas las personas de su comunidad universitaria y sus centros escritos que fueron objeto de represalias durante la Guerra Civil y el periodo de la dictadura por razón de sus creencias políticas, ideológicas, religiosas o de cualquier otra condición".

Además, esta iniciativa puede considerarse el inicio de diferentes actuaciones en el campo de la memoria democrática que tratan de contribuir a la reparación de aquellas personas que fueron represaliadas. En definitiva, "se trata de cumplir con las obligaciones como institución pública que sobre memoria democrática nos exige", ha agregado el vicerrector.

El acuerdo viene también respaldado por el trabajo de un equipo investigador que con su trabajo e investigaciones especializadas han permitido "determinar la nómina de las personas represaliadas en el ámbito de la comunidad universitario". De hecho, estos trabajos científicos han permitido, además, identificar a 33 personas para las que ahora se pide esta declaración oficial.

Así, y sin perjuicio de que nuevas investigaciones permitan ampliar el número, se han identificado seis personas ejecutadas y 16 depuradas dentro de la propia UGR. En las escuelas adscritas se han determinado dos personas ejecutadas y nueve represaliadas.

La otra dimensión del acuerdo es que la universidad acuerda proceder a la solicitud de esta declaración ante el ministerio competente que, en este caso, es el Ministerio de Presidencia, y facilitar así el trámite a los familiares de todos los represaliados la realización de este proceso.

Entre las personas ejecutadas a las que se recuerda están el que fuera rector de la UGR Salvador Vila o el catedrático de Química y alcalde de Granada Jesús Yoldi; y entre las depuradas a los catedráticos Cayetano Cortés, Gabriel Bonilla o Alejandro Otero.

 

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