El PSOE denuncia el colapso del sistema de dependencia en Granada
Olga Manzano exige a la Junta de Andalucía una redistribución justa de recursos y soluciones urgentes en zonas rurales
La parlamentaria andaluza del PSOE, Olga Manzano, ha denunciado en el Parlamento andaluz lo que considera una "pésima gestión" por parte de la Junta de Andalucía en materia de dependencia, especialmente en la provincia de Granada, donde 9.500 personas permanecen en lista de espera y 5.500 de ellas aún no han sido valoradas para acceder al sistema de atención.
Durante su intervención en la Comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Manzano recriminó a la consejera del ramo, Loles López, el “agravio” que supone para Granada concentrar el 20 % de la lista de espera autonómica, a pesar de representar solo el 10,5 % de la población andaluza. “Es el doble de lo que nos correspondería por población, un maltrato institucional injustificable del Gobierno de Moreno Bonilla”, afirmó.
La parlamentaria granadina reclamó una "redistribución justa de los recursos” y criticó la inacción ante las bajas de personal sin cubrir, especialmente en zonas rurales como la Alpujarra o los municipios del entorno del río Fardes, donde —aseguró— el proceso de valoración puede demorarse hasta tres años. “Vivir en un pueblo de Granada no puede ser un castigo para quienes esperan a ser cuidados”, lamentó.
Manzano también denunció que el sistema se encuentra "paralizado" y que los supuestos cambios anunciados por el Ejecutivo autonómico hace más de un año “no han servido para nada”. La situación, añadió, ha generado un profundo malestar entre los profesionales, “quemados, sobrecargados y hartos de una gestión autoritaria y deshumanizada”.
Además, recordó que Andalucía es la comunidad con mayor tiempo de espera de toda España, con un retraso medio de casi 600 días por expediente, incumpliendo los plazos legales y dejando a miles de familias en situación de vulnerabilidad.
Por último, Manzano instó a la Junta de Andalucía a “tratar la dependencia como una verdadera política social y no como una estrategia electoral”, reclamando equidad territorial en la atención y justicia para los sectores más desfavorecidos de la provincia.
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