Gójar presenta recurso judicial contra la Zona de Bajas Emisiones

El Ayuntamiento de Gójar, a través de sus servicios jurídicos, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la Ordenanza de Movilidad y la delimitación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del Ayuntamiento de Granada, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de octubre. El consistorio gojareño considera que el procedimiento es irregular y una amenaza directa para la vida cotidiana de miles de vecinos del área metropolitana.

El alcalde de Gójar, Joaquín Prieto, explica que el municipio “no se ha limitado a presentar alegaciones, sino que ha dado un paso más para frenar una normativa que, de aplicarse tal y como está planteada, generará graves perjuicios a nuestros vecinos y vecinas”.

Prieto señala que comparte el objetivo de mitigar la contaminación y mejorar la calidad del aire, “algo en lo que todos estamos de acuerdo”. Sin embargo, recalca que “el problema está en el procedimiento seguido: no ha habido un estudio previo riguroso que analice cómo esta medida va a afectar desde el punto de vista socioeconómico a la realidad metropolitana”.

El regidor defiende una reflexión profunda sobre el modelo de movilidad para Granada y su entorno, buscando equilibrio entre sostenibilidad ambiental, cohesión social y viabilidad económica. “Desde luego, tenemos que mejorar el transporte público y trabajar en alternativas reales que ofrezcan soluciones antes de imponer restricciones que afectan a miles de ciudadanos”, subraya.

El Ayuntamiento de Gójar sostiene que la ZBE carece de la coordinación necesaria con los municipios colindantes, ignora el Plan Metropolitano de Transporte Sostenible de la Junta de Andalucía y discrimina a los vehículos según su procedencia, sin valorar su impacto ambiental real.

Por último, la corporación municipal advierte que el proyecto incumple la obligación de diseñar un plan de medidas concretas para reducir emisiones, mejorar la calidad del aire y garantizar la salud de la ciudadanía. “En lugar de fomentar un modelo metropolitano equilibrado, se ha optado por una ordenanza improvisada y aislada que ignora las necesidades reales de quienes vivimos y trabajamos en este entorno”, concluye Prieto.