PSOE denuncia "retrasos en pagos a municipios y recortes sociales en Diputación"

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha denunciado que el gobierno provincial, liderado por el PP, acumula un mes más sin abonar a los municipios los pagos pendientes en materia de Dependencia, lo que consideran una muestra del desprecio a las políticas sociales.

La diputada Paqui Santaella ha señalado que los ayuntamientos necesitan con urgencia los ingresos pendientes desde abril para garantizar el servicio de ayuda a domicilio, un servicio clave que está en riesgo ante la asfixia económica que sufren algunas localidades debido a la falta de financiación.

Santaella ha recordado que la Diputación actúa como intermediaria entre la Junta de Andalucía y los municipios menores de 20.000 habitantes para gestionar esta ayuda, por lo que ha exigido al presidente provincial, Francisco Rodríguez, que libere de inmediato esos fondos para evitar un colapso en las contabilidades locales, la precariedad de las empresas contratadas y la inseguridad laboral para las trabajadoras del sector.

La diputada ha calificado de “estrepitoso” el modelo aplicado por el PP en la Junta y ha reclamado mayor diligencia e interés en las políticas sociales por parte de la Diputación. Además, ha advertido que el PP está intentando desmantelar el Estado del Bienestar, evidenciando una estrategia de depreciación de los servicios sociales.

En materia presupuestaria, Santaella ha denunciado que más de 20 millones de euros de la partida social para 2024 permanecen sin ejecutar. Asimismo, ha criticado fuertes recortes en áreas sensibles, como la protección a la infancia, programas de autonomía personal, cooperación internacional y apoyo al pueblo saharaui.

Además, ha lamentado el rechazo del PP a un Plan Especial de Urgencia Social, la falta de cobertura de plazas de trabajadores sociales y la falta de ejecución del programa Eracis, financiado con fondos europeos.

Por último, ha señalado que programas emblemáticos del PP, como el de termalismo, han resultado un fracaso por su elevado coste para los municipios y escasa repercusión entre la población, y ha alertado sobre la intención del gobierno de privatizar servicios, citando los casos del servicio de lavandería y costurero en centros sociales de Armilla y Huéscar.