Visto bueno a la adhesión municipal al decreto de la Junta para facilitar el acceso a la vivienda protegida

Este Decreto-Ley tiene como finalidad responder a la grave dificultad de acceso a la vivienda que sufren especialmente los jóvenes

Redacción  |  19 de mayo de 2025
La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y la consejera de Fomento, Rocío Díaz, en imagen de archivo (PP)
La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y la consejera de Fomento, Rocío Díaz, en imagen de archivo (PP)

El Ayuntamiento de Granada, gobernado por el PP, ha dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa de Urbanismo de la propuesta de adhesión del consistorio al Decreto-Ley 1/2025, de 24 de febrero, aprobado por la Junta de Andalucía y publicado en el BOJA el pasado 3 de marzo, que establece medidas urgentes en materia de vivienda, con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda protegida en la comunidad autónoma.

Este Decreto-Ley tiene como finalidad responder a la grave dificultad de acceso a la vivienda que sufren especialmente los jóvenes, las familias con escasos recursos y los colectivos vulnerables, en un contexto de inflación desmesurada, incremento de los precios y disminución de la oferta inmobiliaria, que "con el Gobierno de Pedro Sánchez cada vez está peor", ha comentado el concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, en una nota de prensa.

 

Enrique Catalina ha indicado que, tal y como ya se comprometió la alcaldesa, Marifrán Carazo, "desde el Ayuntamiento de Granada vamos a seguir trabajando por facilitar el acceso a la vivienda, como venimos haciendo hasta el momento, con la aprobación de 2.500 nuevas licencias, de ellas 1.912 ya concedidas y de las cuales 1.314 son de VPO, al tiempo que trabajamos, avanzamos en el nuevo PGOM".

"Este Decreto-Ley ofrece herramientas reales y eficaces para facilitar la construcción de viviendas protegidas y reforzar el papel de los ayuntamientos en esta materia", ha señalado Enrique Catalina. Permite a los ayuntamientos que lo deseen acogerse a un paquete de medidas excepcionales, encaminadas a "facilitar la construcción de vivienda protegida, sin necesidad de modificar los instrumentos de planeamiento urbanístico".

En este contexto "hemos traído a Comisión la adhesión al mismo, con el objetivo de continuar facilitando el acceso a la vivienda, especialmente entre lo más jóvenes". Para ello, se establece un plazo de un año desde su entrada en vigor para que las corporaciones locales aprueben la adhesión mediante acuerdo plenario.

Posteriormente, las licencias deberán solicitarse en un plazo de dos años, y las obras deberán ejecutarse en un periodo máximo de tres años. Entre las medidas destacadas del decreto se encuentra la posibilidad de cambiar el uso urbanístico de determinadas parcelas para destinarlas a vivienda protegida, sin necesidad de modificar el PGOU, lo que agiliza significativamente los procesos administrativos.

En concreto, se habilita el uso alternativo residencial en parcelas actualmente destinadas a oficinas o establecimientos turísticos, así como en aquellas calificadas como dotacional privado sin uso específico o con calificación genérica de interés público y social, siempre que las viviendas se destinen permanentemente al alquiler.

Además, se contempla un incremento del 20 por ciento de la densidad de viviendas en parcelas destinadas a vivienda libre, si se destinan íntegramente a vivienda protegida, así como un aumento proporcional de la edificabilidad, siempre dentro del límite del aprovechamiento urbanístico.

En el caso de parcelas ya calificadas para vivienda protegida, se permite también un incremento del 20 por ciento en densidad y del diez por ciento en edificabilidad. Por otra parte, se regula la posibilidad de compatibilizar el uso residencial en parcelas de equipamiento comunitario básico, con el fin de destinar viviendas o alojamientos dotacionales a colectivos con dificultades de acceso a la vivienda. Estas viviendas podrán ocuparse bajo régimen de alquiler u otras formas temporales de ocupación de carácter rotatorio.

El área de Urbanismo ha elaborado un informe técnico sobre la viabilidad de aplicar estas medidas en el municipio, teniendo en cuenta el vigente PGOU de 2001. El estudio concluye que existe compatibilidad entre las disposiciones del Decreto-Ley y la normativa urbanística actual, lo que permite la aplicación efectiva de las medidas en Granada.

De este modo, se podrán beneficiar de la normativa las parcelas actualmente calificadas como terciario oficinas, con régimen de compatibilidad del PGOU 2001, así como las de uso dotacional sin pormenorizar, equivalentes a los antiguos equipamientos comunitarios. "Contamos con suelo susceptible de ser destinado a vivienda protegida, y estas medidas nos permiten actuar con rapidez y seguridad jurídica", ha explicado Enrique Catalina.

En este contexto, el Ayuntamiento de Granada llevará al pleno municipal de este mes de mayo la propuesta de adhesión formal al Decreto-Ley, tan solo tres meses después de su entrada en vigor, demostrando así la agilidad y el compromiso del área de Urbanismo con la mejora del acceso a la vivienda. Granada aportará suelo a la bolsa autonómica.

Paralelamente, el Ayuntamiento está trabajando en colaboración con la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en la creación de una "bolsa de suelo" autonómica destinada a la construcción de viviendas a precios asequibles. Está previsto que el consistorio granadino aporte en el mes de junio los datos relativos a la disponibilidad de suelo en el término municipal, con el objetivo de identificar parcelas que puedan ser destinadas a promociones de vivienda protegida en colaboración con promotores públicos o privados.

"Nuestro compromiso como administración es poner todos los medios a nuestro alcance para garantizar el derecho a una vivienda digna. Esta iniciativa autonómica, junto con nuestra planificación local, es un paso firme hacia ese objetivo", ha concluido Catalina.

 
 
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