La Guardia Civil detiene a setenta y una personas en requisitoria durante los meses de enero y febrero
Treinta y una estaban reclamadas por la autoridad judicial para que ingresaran directamente en prisión a cumplir condena.
Durante los pasados meses de enero y febrero la Guardia Civil detuvo a setenta y una personas en la provincia de Granada que estaban reclamadas judicialmente por diferentes delitos, esto es, “procesados rebeldes” sobre los que había dictada una orden de búsqueda, localización y detención para presentarlos ante la autoridad que los reclamaba, o para que ingresaran en prisión a cumplir condena.
Las detenciones se han realizado en las localidades de Albuñol (3), Alhama, Alhendín (2), Almuñécar (2), Albolote (4), Armilla (5), Atarfe (2), Cájar (2), Castril, Cijuela, Cortes y Graena, Cúllar Vega, Darro, Dúrcal, El Pinar, Fuente Vaqueros, Granada (3), Guadix, Güéjar Sierra, Huéscar, Huétor Tájar (2), Huétor Vega, Íllora (2), La Zubia (3), Las Gabias (4), Loja (3), Maracena, Monachil (3), Peligros (3), Pinos Puente (3), Pulianas (2), Salobreña (3), Santa Fe, Valderrubio, Vegas del Genil y Zújar (2).
De las setenta y una personas en requisitoria detenidas, treinta y una estaban reclamadas por la autoridad judicial para que ingresaran directamente en prisión a cumplir condena.
La detención más importante tuvo lugar el pasado día 6 de enero. El líder de una organización criminal reclamado internacionalmente por la Justicia neozelandesa fue detenido por la Guardia Civil de Granada. Al detenido se le atribuía el liderazgo de una organización delictiva que en 2019 introdujo 500 kg de metanfetamina en Nueva Zelanda.
Este peligroso y huidizo delincuente fue detenido en Sierra Nevada. Para ello agentes de La Unidad Orgánica de Policía Judicial y del Servicio de Información de la Comandancia de Granada cerraron al público la estación de esquí granadina y desplegaran un amplio dispositivo para localizar y detener a este individuo, lo que ocurrió en la cafetería de un hotel de Pradollano.
La mayoría de las infracciones cometidas habían tenido su origen en la comisión de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico
56 de ellas en Granada, 15 en Motril y 2 en Baza, las cuales acumulaban 83 reclamaciones
