La ministra de Igualdad cuestiona la decisión judicial que obliga a Juana Rivas a entregar a su hijo menor
Redondo ha advertido de una "desconexión profunda y grave" entre la jurisdicción penal y la civil
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha manifestado su desacuerdo con la resolución judicial que emplaza a Juana Rivas a entregar el próximo martes a su hijo menor —de quien tiene la custodia el padre— para su traslado a Italia. Redondo ha advertido de una "desconexión profunda y grave" entre la jurisdicción penal y la civil en estos casos.
"Respeto al poder judicial y su independencia, pero hay decisiones incomprensibles y creo que no son decisiones que se estén tomando desde la legalidad", declaró la ministra en una entrevista concedida a Radio Nacional de España (RNE), recogida por Europa Press.
Redondo reconoció la complejidad de la situación pero subrayó que "el interés del menor nunca va a estar en convivir con un maltratador". Además, recordó que en el proceso intervienen tribunales de dos países miembros de la Unión Europea. En este sentido, cuestionó que en Italia "se ha agilizado enormemente todo el proceso de familia y civil para la patria potestad y la custodia", mientras que "se ha ralentizado el proceso penal por maltrato al que está sometido el padre biológico de este niño". Por ello, insistió en que no comprende "la decisión judicial tanto de la jurisdicción italiana como de la española".
La titular de Igualdad también se refirió al caso de una familia de Sigüenza (Guadalajara) que ha sido obligada judicialmente a entregar a una menor de 4 años, huérfana de madre, a su padre, denunciado por maltrato. En ese contexto, Redondo recalcó la existencia de una "desconexión profunda y grave entre jurisdicciones".
"No es posible que la jurisdicción civil y los juzgados de familia aceleren esos procesos mientras están pendientes denuncias penales por maltrato o violencia de género, tienen que coordinarse porque esa coordinación es la que defiende el interés superior del menor", advirtió la ministra.
Redondo añadió que la ley integral contra la violencia de género es "clara" respecto a la necesidad de esperar a una sentencia penal firme antes de resolver cuestiones de patria potestad y custodia. "En ese caso, el interés superior del menor está en no convivir con el maltratador, en no convivir con la persona que ha agredido a la madre o incluso al menor", concluyó.
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