La ministra de Igualdad cuestiona el retorno del hijo de Juana Rivas con su padre

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado este miércoles que el fondo del caso del hijo menor de Juana Rivas, cuya entrega al padre está prevista para este viernes, gira en torno al interés superior del menor, enfatizando que “no se puede defender ese interés en la convivencia con un maltratador”.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, Redondo recordó que Francesco Arcuri, padre del menor y quien tiene la custodia legal, fue condenado por maltrato en 2009, motivo por el cual considera “terrible” que se haya planteado su entrega, aunque esta se aplazara en el último momento tras mostrarse el niño reticente a irse con su progenitor.

La ministra manifestó su “empatía y cariño a la familia de Juana Rivas”, reconociendo que se trata de un problema complejo, pero insistió en que “lo que está en juego es la integridad, la protección y el bienestar del menor".

Durante su intervención, Redondo señaló que el propio Arcuri "ha admitido en medios que había pegado a su hijo" y subrayó que nadie que haya ejercido violencia debería tener la custodia de un menor: “No tiene sentido ejecutar ahora una sentencia civil italiana cuando está pendiente un juicio penal por violencia y malos tratos”, afirmó.

La ministra también defendió la actuación del punto de encuentro familiar en Andalucía, que paralizó la entrega del menor “ante indicios claros de sufrimiento del niño”. Citó un decreto autonómico que permite interrumpir la entrega en situaciones de posible violencia.

Redondo abogó por una visión más integral de la justicia: “El Derecho no es una ciencia exacta. Las leyes deben interpretarse a la luz del interés superior del menor. Eso es lo que está faltando aquí”, sentenció.

Aunque mostró su respeto al trabajo de los tribunales, sostuvo que hace falta una “visión holística y centrada en el menor”, una perspectiva que, subrayó, debería prevalecer incluso por encima de sentencias firmes en materia civil cuando aún hay procesos penales pendientes por violencia.