El Gobierno expresa su "preocupación y empatía" por el caso Rivas

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reconocido este martes que las imágenes de Daniel, el hijo menor de Juana Rivas, llorando al ser entregado a su padre en un punto de encuentro, le causaron un profundo malestar. “Confieso que a mí la imagen del niño llorando me ha dejado muy mal cuerpo”, señaló en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Bolaños mostró su comprensión hacia la angustia de la madre, de su familia y de gran parte de la sociedad española que ha reaccionado con preocupación al conocer los hechos. Sin embargo, subrayó el “máximo respeto” del Gobierno hacia las resoluciones judiciales y recordó que el caso sigue abierto en los tribunales tanto en España como en Italia. “Hay recursos pendientes aquí y procedimientos judiciales que están pendientes también de juicio en el mes de septiembre en Italia”, apuntó el ministro, en referencia al caso que investiga posibles malos tratos por parte del padre del menor.

Desde el Ministerio de Justicia, indicó, se han mantenido contactos con la Autoridad Central Italiana, es decir, el propio Ministerio de Justicia del país, y se ha reafirmado el compromiso de seguir trabajando para “garantizar la seguridad y el interés superior del menor”.

Reclamación de reformas legales

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, expresó su “empatía profunda” con la familia del menor y consideró necesario avanzar en cambios legislativos para dar una mejor respuesta a este tipo de situaciones marcadas por la violencia vicaria. “Creo que la legislación española tiene que dar un paso adelante, pero la complejidad es máxima”, afirmó.

Redondo recordó que desde el Ministerio de Igualdad se ha propuesto una ley integral contra la violencia vicaria, actualmente en manos del Ministerio de Justicia. Además, subrayó la necesidad de revisar la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), tal como defiende también la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Petición de implicación europea

La ministra también explicó que, en su opinión, el caso ha puesto en evidencia una “disfunción jurídica” entre jurisdicciones italianas que debería ser resuelta por la Comisión Europea. “Hay dos jurisdicciones que no van acompasadas: la civil y la penal. El sentido común nos invita a pensar que primero se debería resolver si ha habido o no maltrato, tanto a la madre como al niño”, afirmó Redondo.

Pese a expresar su desacuerdo con el desarrollo del caso, la ministra reconoció que en España no hay margen para no cumplir con lo dictado judicialmente: “El sistema judicial español tiene que ejecutar las decisiones judiciales. No tiene otra. Por tanto, estamos ante un dilema muy complejo”, concluyó.